Recientemente la lingüista y escritora catalana Mercè Vilarrubias ha publicado de la mano de ediciones Deusto un interesante ensayo de meridiano título "Por una ley de lenguas- Convivencia en el plurilingüismo". La autora, que además ejerce la docencia como catedrática de lengua inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas de Drassanes (Barcelona), lleva varios años abogando por una nueva aproximación en la legislación de las lenguas españolas, ya sea mediante anteriores obras como "Sumar y no restar", en la que cuestionaba el actual papel de la denominada "inmersión lingüística" en Cataluña, o a través de multitud de artículos sobre cuestiones lingüísticas similares en medios escritos como El Periódico o Crónica Global. El más reciente ensayo de Vilarrubias pretende dar un paso más en el activismo de la autora para proponer una hoja de ruta de cara a la creación de una Ley de Lenguas Oficiales a nivel español. En su obra, la escritora catalana critica el papel más bien pasivo que los distintos gobiernos del PSOE y el PP han adoptado desde la restauración de la democracia en todo lo relacionado a la legislación, la promoción y el uso de las distintas lenguas españolas (a excepción, claro está del castellano). La autora analiza la situación de los últimos cuarenta años y acierta al decir que los denominados idiomas cooficiales (catalán/valenciano, gallego, euskera y, más recientemente, el aranés) han sido desde la promulgación de la Constitución y los distintos Estatutos de autonomía competencia casi exclusiva de las comunidades autónomas donde éstos se hablan, e incide en el hecho de que algunos gobiernos autonómicos han aprovechado todos los recursos políticos a su alcance para promover a la práctica un monolingüismo en los estamentos oficiales, todo en aras de una supuesta protección del idioma minoritario (y minorizado). La autora pretende con este borrador de ley llegar a un punto de inflexión que ayude a rebajar la tensión que a menudo ha surgido en torno al tema lingüístico, no sin antes criticar el papel de los unos y de los otros en todo este asunto. |
| Mercè Vilarrubias |
Vilarrubias pone el foco, por ejemplo, en la paradoja de que en las comunidades bilingües de España, a diferencia de otros territorios bilingües o plurilingües como Bélgica, Quebec o Suiza, se da la circunstancia de que son los ciudadanos los que parecen tener obligaciones para con sus administraciones autonómicas en lo que a lengua respecta, y no al revés. En otras palabras, a menudo en las comunidades autonómicas bilingües (la autora destaca, en especial, Cataluña y Baleares donde el catalán es el idioma preponderante, por no decir exclusivo, de la administración autonómica) son los administrados los que deben adaptarse y cambiar de idioma a la hora de tratar con la administración, que es la que sorprendentemente se erige con el derecho lingüístico de elegir en qué idioma dirigirse o escolarizar a los ciudadanos a los que ha de servir. Precisamente, la autora destaca a lo largo del libro el concepto de "derechos lingüísticos" de los ciudadanos (y las correspondientes "obligaciones" de la administración) y aboga por un desarrollo progresivo del mismo para poder garantizar la protección de la diversidad lingüística. Asimismo, critica que se lleve décadas hablando de "idiomas propios" y no de "lenguas maternas". En lo concerniente al Estado, si bien se congratula por el bilingüismo imperante en la llamada administración periférica desde hace casi tres décadas, la lingüista catalana se lamenta por el hecho de que esta manera de operar totalmente bilingüe no se haya sabido explicar al gran público, por lo que para muchos es un dato totalmente desconocido aún hoy en día.
La ley que propone Vilarrubias aboga por que todos los idiomas cooficiales pasen a ser considerados lenguas de Estado y que sea precisamente el Estado el actor lingüístico principal y activo que promocione y garantice el derecho por parte de los ciudadanos a usar cualquiera de los idiomas españoles oficiales. En palabras de la autora, una ley como esta ampliaría los derechos de los hablantes de catalán, gallego y euskera, y a la vez garantizaría los derechos de los castellanohablantes en las comunidades bilingües. Los ejemplos que se dan en la obra son muchos y variados, a la par que precisos (se incluye, incluso, hasta una estimación del gasto económico que supondría hacer de España un país realmente plurilingüe a nivel oficial), por lo que desde aquí recomiendo la lectura de la misma para profundizar en el tema. Sea como fuere, Mercè Vilarrubias es realista y sabe que una ley de lenguas como la que ella propone no verá la luz en el corto plazo, ya que ninguno de los partidos políticos españoles (ni los de ámbito estatal ni los de ámbito autonómico) parece estar todavía por la labor de encauzar este asunto en términos razonables (a la vista está la reciente campaña electoral); por no hablar de que la promulgación de una ley similar requeriría de un cambio constitucional (la autora se refiere, sobre todo, a la modificación de los artículos 3 y 14), algo que, hoy por hoy, parece poco probable. Sin embargo, la autora aduce que "todos aquellos que pensamos que (esta propuesta de ley) es el camino adecuado para tratar la diversidad lingüística de España debemos seguir diseminando esta idea, explicándola, argumentándola desde diferentes ángulos, para que el consenso en favor de ella sea cada vez mayor". Vaya, pues, desde aquí mi pequeño granito de arena a tan noble causa.
BIBLIOGRAFÍA:
- Vilarrubias, Mercè (2019): "Por una ley de lenguas- Convivencia en el plurilingüismo". Ediciones Deusto, Barcelona.
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