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Pasaporte a Sefarad: misión imposible

Conversando hace unos días con un conocido israelí, y ante su más que correcto y fluido español, no pude evitar preguntarle por sus orígenes familiares. Él me explicó que sus abuelos son turcos, concretamente de Estambul, pero que emigraron a Israel en la década de los 50. Añadió, además, que el castellano lo dominaba por haberlo estudiado y porque en el seno familiar se había conservado el ladino, el castellano medieval que los judíos españoles se llevaron consigo tras su expulsión de España en 1492; un habla que mantuvieron a lo largo de los siglos -en una demostración sin igual de determinación, nostalgia y lealtad a la tierra de sus ancestros-, a la que luego se irían añadiendo palabras y expresiones propias de los idiomas de los lugares a los que fueron a parar las diferentes comunidades.

"¡Entonces eres sefardí!", exclamé agradablemente sorprendido, a lo que mi interlocutor asintió con una sonrisa. Le pregunté entonces si sabía de la ley de reparación histórica aprobada en 2015 mediante la cual los descendientes de los sefardíes, aquellos judíos expulsados tras el Decreto de la Alhambra firmado por los Reyes Católicos, podían obtener la nacionalidad española. Me respondió afirmativamente. Sin embargo, tuvo a bien detallarme que, tras haberse informado sobre el tema, decidió desistir debido a lo engorroso de los trámites que incluía el proceso y a la carestía del mismo. Había optado, sin embargo, por naturalizarse portugués, ya que al parecer los trámites que preveía un decreto en el país vecino para que los sefardíes puedan obtener el pasaporte luso son más sencillos que en España. "Aún así, me siento más próximo a España que a Portugal", me matizó.

Debo reconocer que la conversación me dejó intrigado... De este modo, he podido comprobar que, pasados cuatro años desde la promulgación de la Ley 12/2015 que permite a los sefardíes obtener la nacionalidad española en compatibilidad con cualquier otro pasaporte, tan solo unas 6000 personas han querido/podido acogerse a la misma. Huelga decir que la población de origen sefardí se estima en torno a los dos millones de personas. Así las cosas, ¿qué ha sucedido para que esta iniciativa haya fracasado de manera tan estrepitosa? Las respuestas esgrimidas por la mayoría se circunscriben a lo indicado por mi conocido: es un proceso complicado, largo y caro. 

Para acogerse a la ley, cuyo plazo vence el próximo 1 de octubre (aunque posiblemente se extienda un año más), los candidatos deben certificar su origen sefardí mediante la autoridad rabínica pertinente, demostrar el uso del ladino como idioma familiar, presentar una partida de nacimiento o certificado de matrimonio, así como un informe motivado sobre la pertenencia del apellido del candidato al linaje sefardí. Cabe recordar que obtener todos estos documentos no suele ser tarea fácil, máxime si se tienen en cuenta las vicisitudes históricas del pueblo judío, tales como la diáspora o el holocausto. Una vez conseguida toda esta documentación, la misma debe ser traducida y compulsada antes de ser remitida a la Dirección General del Registro y del Notariado.

El siguiente trámite pasa por viajar forzosamente a España y acudir ante el notario asignado. Además, se deben superar sendos exámenes de castellano y de conocimientos constitucionales y socioculturales. Afortunadamente, gracias a un decreto aprobado el año pasado, los mayores de 70 años quedan exentos de tener que realizar estas pruebas. Con todo, el proceso conlleva unos gastos derivados de entre 3000 y 5000 euros, más 100 euros de tasas, que muchos candidatos no pueden permitirse o bien no están dispuestos a pagar. 

En resumidas cuentas, se trata de una auténtica odisea que ha desalentado a miles de potenciales candidatos y que no tiene visos de mejorar, a no ser que el Gobierno se muestre más flexible con los requisitos y los trámites. Al igual que el conocido al que he hecho mención anteriormente, muchos sefardíes han optado por solicitar el pasaporte portugués debido a las mayores facilidades que se dan en Portugal para llevar a cabo el trámite. Sirva de ejemplo que de todos los sefardíes residentes en Turquía que han decidido solicitar una de las dos nacionalidades, dos tercios finalmente se han decantado por la opción portuguesa, mientras que tan solo un tercio ha optado por la nacionalidad española.

Si realmente se quiere reparar al pueblo sefardí, convendría relajar el procedimiento de naturalización. Realizar los trámites a través de los consulados, en lugar de obligar al candidato a venir a España, sería un buen comienzo. Asimismo, resulta absurdo que se pida competencia en lengua española cuando la mayoría de sefardíes desconoce el castellano actual y más aún sus reglas de ortografía; por no hablar de la exigencia de conocimientos políticos y socioculturales de la España de hoy en día, cuando se trata de un pueblo que, por lo general, lleva más de cinco siglos fuera de la península ibérica. ¿Acaso no hay mayor prueba de vinculación con España que la pervivencia misma de una reliquia lingüística como el idioma judeoespañol? El proceso establecido por la Ley 12/2015 no debería ser una carrera de obstáculos con la que disuadir a los eventuales candidatos, sino un trámite más sencillo y racional con el que subsanar, aun de manera simbólica, uno de los mayores errores de la historia de España.

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